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Ahora, la Unión Europea, hipócritamente, parece descubrirlos tras los escándalos sobre el fraude fiscal a escala mundial.
Ha tenido que ser la necesidad imperiosa de recaudar la que haga saltar las alarmas, pero es también una oportunidad para terminar con esta lacra reservada a las fortunas que buscan eludir el pago de impuestos o que provienen de prácticas ilegales.
Si de verdad quieren acabar con esta situación, pueden hacerlo. Los gobernantes son los que mejor posicionados están para conseguirlo y pueden dar una prueba al pueblo de su autoridad, tan deteriorada en la actualidad.
Es indigno que quienes cobran salarios o pensiones cotizan lo que se les impone, al estar controlados, mientras los incontrolados estafan al estado.