* * * * *
Al parecer, se trata de que los políticos, cargos relevantes y otros especímenes de la fauna defraudadora y malversadora, cuando exista sentencia de culpabilidad, estén obligados por ley a devolver lo defraudado y dejar el cargo público.
Esto, que ya es un clamor en la calle, ahora se quiere presentar como novedad.
Con toda probabilidad, el presidente pregonará lo necesario y coherente de la iniciativa para recuperar la credibilidad de la clase política. Pena, penita, pena que haya tardado tanto en comprenderlo, porque podría haberse evitado el notorio desprestigio propio y de la clase política en su mayoría, máxime cuando está tan próximo el período electoral. O quizá sea por eso.